Lavado de activos. Más de 40 allanamientos en Córdoba y Rosario contra la organización de Esteban Lindor Alvarado

ROSARIO. Esteban Lindor Alvarado, uno de los narcos más importantes de Rosario, que está preso en el penal de Ezeiza bajo controles extremos de detención, está otra vez en la mira de la Justicia, que ordenó más de 40 allanamientos en Rosario, Córdoba y otras localidades, por supuesto lavado de dinero. En los operativos, que se realizaron a partir de este miércoles, se produjeron siete detenciones y se secuestraron 140.000 dólares, armas y 7.000.000 de pesos.

Alvarado es hoy uno de los jefes narcos más poderosos de Rosario. Según informes de inteligencia del gobierno, este líder criminal fue quien tramó parte de los ataques que se produjeron a principios de marzo, que tanto Maximiliano Pullaro como Patricia Bullrich calificaron de “terroristas”, cuando fueron asesinadas cuatro personas elegidas al azar.

Alvarado fue condenado en junio de 2022 a prisión perpetua, acusado de liderar una asociación ilícita que se dedicaba al narcotráfico y que había cometido varios homicidios. Parte de la banda de Alvarado estaba conformada por altos jefes policiales del área de Drogas.

Según informaron fuentes judiciales, la División Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó tareas de investigación durante más de un año para llevar adelante este operativo contra los eslabones económicos de Alvarado. Sospechan que introducían en el mercado legal autos provenientes de hechos ilícitos, que luego eran comercializados con documentación apócrifa. Las medidas fueron ordenadas por los fiscales Marisol Fabbro y Miguel Moreno, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario.

Esa era una vieja mecánica que usaba Alvarado hace más de una década en la provincia de Buenos Aires, donde fue investigado y condenado a partir de una causa que llevó adelante en San Isidro el fiscal Patricio Ferrari, una pesquisa que se convirtió, años después, en la base del perfil criminal de este narco, que hasta su condena en 2022 nunca había sido investigado en Santa Fe.

Una de las hipótesis que se maneja es que algunas de las personas involucradas podrían integrar una estructura de lavado de activos vinculada a Alvarado. El director de la PDI, Natalio Marciani, mencionó a los medios de comunicación que la base de la causa es el robo de autos de alta gama que provenían de otras localidades. Una vez que se realizaban maniobras de cambios de documentación de los vehículos, se introducían en el mercado automotor.

Marciani indicó que la vinculación entre Alvarado y los detenidos pudo determinarse desde comienzos de la investigación. Esta semana al líder narco, condenado a prisión perpetua por homicidio y a 15 años por narcotráfico, le restringieron la posibilidad de mantener comunicaciones con personas que no estén relacionadas con su representación legal.

La PDI llevó adelante 43 allanamientos, 39 en Rosario y la región, y cuatro en Córdoba. Además, se realizaron procedimientos en la zona de Santa Cruz al 500, de Capitán Bermúdez; Dante Alighieri al 2500 y Namuncurá al 500, de Granadero Baigorria; Chavarini al 700, de Pérez; Santa Clara al 100, de Roldán, y Suiza al 500, de San Lorenzo. También se hicieron cuatro allanamientos en la ciudad de Córdoba capital.

En 2011, el fiscal Ferrari puso bajo la lupa sobre varias bandas de ladrones de autos que operaban en la Capital Federal, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe. Estas bandas se desplegaban como células y tenían puntos de contacto. La investigación que llevó tras las rejas a Alvarado comenzó por un hecho, en apariencia, alejado del mundo del robo de autos.

El 5 de agosto de 2011 Jorge Pereyra, propietario de bingos y de caballos de carrera, resistió con su familia una tentativa de robo cuando llegaba a su casa de Lomas de San Isidro. Por eso dos ladrones fueron detenidos y les secuestraron cuatro celulares. El fiscal Ferrari comenzó a trabajar con las agendas de los aparatos y sus conexiones y una de esas ramas llegaba a Rosario, más precisamente a Alvarado y a sus cómplices Walter Ramón Bucci y Gabriel Antonio “Peto” García como reducidores.

Alvarado y su gente usaban dos modalidades. Una era la de “reempapelar” autos para ingresarlos al mercado negro. Para eso compraban a bajo costo autos siniestrados, se deshacían de ellos compactándolos y vendiéndolos como chatarra y retenían los papeles. Entonces alertaban a “levantadores” y “pasadores” sobre qué tipo de vehículos necesitaban para ajustarlos a esos papeles. Una vez que tenían los autos, adulteraban la documentación –números de chasis y motor– y los ofrecían en el mercado de usados. El otro circuito que alimentaba a la banda según la acusación era el robo de autos de alta gama.