El desafío de la Milla 201: “el juego del calamar” en el Atlántico Sur

“En este momento tenemos entre 50 y 60 buques operando. En pocos días más, cuando migre el calamar, se irán sumando los demás, hasta alcanzar más de 500. Los tenemos a todos identificados”, dice Néstor Kiferling, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo y de Policía Auxiliar Pesquera de la Prefectura Naval Argentina. En una de las pantallas de la Sala de Situación puede verse una concentración de buques, representados por triángulos y cuadrados, todos al este de una línea roja que señala el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Fuera de los monitores, en alta mar, cientos de miles de toneladas de recursos marinos son extraídos anualmente por buques extranjeros en el límite de la geografía y de la legalidad.

Estas flotas se ubican preferentemente en una delgada franja donde la productividad y riqueza pesquera son extraordinarias debido a los nutrientes transportados por la corriente de Malvinas, que, en contacto con el talud continental, ascienden a la superficie.

La principal especie capturada es el calamar, que migra a alta mar y, antes de volver a ingresar en aguas nacionales, es presa de buques “poteros” que provienen, en su mayoría, de China, Taiwán, Corea y España.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) que nuestro país aprobó en 1995, la pesca que se realiza fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), la denominada Milla 201, es legal. En la columna de agua de alta mar, la actividad está abierta a todos los Estados y es de utilización exclusiva para fines pacíficos.

Sin embargo, el impacto de esa actividad es más amplio, como señala Milko Schvartzman, coordinador del Programa Océanos del Círculo de Políticas Ambientales. “Más allá de que a veces no sea ilegal, el tener una flota de más de 550 barcos operando en la milla 201 genera un daño ambiental, económico y social importantísimo para nuestro país. Ese daño es el mismo así los barcos estén en la milla 199 o 201″, afirma.

La presencia de estas flotas en el Atlántico Sur plantea distintos problemas que se agravan si no son correctamente atendidos. Con el tiempo se han transformado en un desafío a la capacidad de nuestro país de gestionar sus recursos naturales, negociar exitosamente con otros países, defender el territorio marítimo, desarrollar la industria pesquera local y proteger los derechos de los consumidores.

Luz roja, luz verde

En la medida en que las poblaciones de peces en el hemisferio norte fueron reduciéndose por la fuerte presión a las que fueron sometidas, la industria pesquera internacional se trasladó fuera de sus países de origen y recurrió a prácticas que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denomina como “ilegal, no declarada, no reglamentada” (INDNR).

Con la intención de desalentar la pesca ilegal, o sea, aquella realizada sin autorización argentina dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), el año pasado el Congreso Nacional aprobó la actualización de multas y sanciones, la Armada incorporó nuevas embarcaciones patrulleras y se propuso la creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, que es objeto de un interesante debate.

En materia de sensores remotos y procesamiento de datos, la Prefectura Naval lideró el desarrollo del Sistema Guardacostas, un sistema de información geográfica, al que tuvo acceso LA NACION, que permite hacer un monitoreo en tiempo real de los buques que operan en el Mar Argentino y hacer análisis de tráfico.

El prefecto mayor Kiferling desataca que a partir de 2016, con la colaboración de Interpol, se produjo un cambio de paradigma que permite capturar a cualquier buque infractor en el momento en que ingrese a un puerto nacional o extranjero y ser puesto a disposición de la justicia argentina. Este cambio hace innecesaria la operación de persecución y evita los riesgos que implica. Sin embargo, es difícil demostrar la ilegalidad de la pesca debido a la gran extensión del Mar Argentino, lo cual podría explicar, según otros especialistas consultados por LA NACION, que los buques detenidos en los últimos 6 años solo alcancen a 2,5 anual en promedio.

“Si bien se ha ido aumentando el control por parte de la Armada y Prefectura, lo cierto es que es una extensión muy grande, lo mismo que la cantidad de embarcaciones que operan en esa zona”, comenta Darío Sócrate, Gerente de la Cámara de Empresarios Pesqueros Argentinos. “En muchos casos se pone en riesgo la seguridad de nuestros buques por la hostilidad que tienen las flotas que operan ahí”, agrega.

Una gran parte del territorio marítimo argentino está sujeto a la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marítimos Antárticos (Ccrvma), que parcialmente se solapa con el espacio que sigue ocupando el Reino Unido y cuya soberanía está pendiente de una solución definitiva. La pesca realizada en torno a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur también es ilegal, dado que ignora la legislación argentina. Se trata de una actividad que comenzó en la década de 1980 y actualmente ronda, según informa el gobierno británico, las 200.000 toneladas de capturas anuales. De hecho, se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales y sostén de la economía de las islas.

El juego de los subsidios

La mayoría de los buques que pescan en el límite de la ZEE argentina recorren enormes distancias y pueden competir con la industria pesquera argentina porque reciben subsidios de sus Estados de origen.

Daniel Skerritt y U. Rashid Sumaila, investigadores de la Universidad de Columbia Británica, publicaron este año un estudio sobre los subsidios que recibe la industria pesquera a escala mundial. En él sostienen que las ayudas a la pesca, en forma de exenciones fiscales y combustibles, alcanzan a US$5300 millones anuales.

Estas flotas compiten con la industria pesquera local no solo por el mismo recurso natural. “En Mar del Plata hay un tercio de la población que come con plata que tiene olor a pescado”, sostiene Sócrate, en tono sarcástico. Se refiere al efecto económico que el calamar y otras especies tienen en las comunidades costeras vinculadas a la actividad pesquera, ya que además de mantener activas a muchas empresas se generan divisas por exportaciones, se emplea a decenas de miles de trabajadores en forma directa, se alienta el crecimiento de los puertos patagónicos y el desarrollo de otras industrias, como la naval.

En cambio, los subsidios distorsionan los valores de mercado, generan competencia desleal y, por lo tanto, han sido objeto de negociación en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Además, estimulan a las flotas a explotar pesquerías con estándares ambientales deficientes, lo que contradice la meta 14.6 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Por estas razones, la OMC está comprometida a alcanzar un acuerdo multilateral para la prohibición de los subsidios a la pesca INDNR. Sin embargo, la Conferencia Ministerial que iba a tener lugar en Ginebra a partir del 30 de noviembre fue aplazada debido al rebrote de la pandemia.

“Uno no está en contra de la explotación o de la pesca, sino de la forma en que se realiza. Y la forma en que la realizan estas flotas es insostenible en el tiempo”, sostiene Schvartzman.

El juego de la trazabilidad

Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, lo que los convierte en una fuente de alimentos accesible para una población actual y futura que se espera que en los próximos 30 años aumente en 2000 millones de personas.

Sin embargo, el agotamiento de los recursos pesqueros es un problema global. Según datos de la FAO de 2014, el 29% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas y el 61% están al límite de su capacidad de regeneración.

Una herramienta clave para combatir la pesca INDNR y su comercialización son los sistemas de trazabilidad. Con ellos se intenta garantizar a los consumidores una alimentación confiable y verificar que la extracción de los recursos pesqueros sea realizada en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles. La forma de implementarlo necesita un marco legal y actualmente hay, en la Argentina, dos proyectos de ley con estado parlamentario.

En la medida que se apliquen los certificados de trazabilidad habrá menores márgenes para el comercio de la pesca INDNR. Por eso, desde la industria pesquera argentina están “interesados en que se sepa y certifique que el Mar Argentino no solo está bien, sino que es uno de los mejores caladeros del mundo”, subraya Sócrate, para quien “la trazabilidad es un valor agregado y una política que se impone en los mercados internacionales que compran nuestros productos”.

El juego de las jurisdicciones marítimas

Existen vacíos legales, jurídicos y distintas posturas políticas, tanto de los Estados ribereños como de los Estados de bandera de los buques, que explican que la pesca INDNR se concentre en unos pocos caladeros del mundo. Actualmente, en el ámbito de la ONU se están discutiendo políticas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional que se espera que concluyan el año próximo con la firma de un Acuerdo vinculante. Entre las facultades de este nuevo acuerdo está la de crear áreas marinas protegidas en alta mar.

Consultado Milko Schvartzman sobre qué puede hacer nuestro país para proteger un recurso natural como el calamar, sostiene que “hay un abanico de herramientas, como crear un área marina protegida que realmente genere un impacto en el lugar, que cambien algo en la práctica, prohibiendo los subsidios a la pesca ilegal, con una diplomacia argentina activa y con la preocupación de los ciudadanos. Es decir, no hay una bala de plata sino una serie de herramientas con las cuales vamos a ir logrando obtener una pesca sostenible”.

La pesca en el Atlántico Sur adquiere una dimensión política porque el conflicto resulta también de la interpretación del Derecho que hacen los distintos actores.

Para la doctora Ana Victoria Villanueva, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de Fasta, y especialista en Derecho del Mar, existen varias medidas legales para que la pesca fuera de las 200 millas sea sostenible.

“Una es esperar el nuevo Acuerdo para establecer un Área Marina Protegida en la zona crítica con su correspondiente estudio de impacto ambiental. Además, se puede plantear un diálogo con los países que subsidian sus flotas ya que, según la Convemar, los Estados ribereños y de bandera tienen el deber de velar por la conservación de los recursos, pero para hacerlo más efectivo sería conveniente profundizar el diálogo bilateral”.

También hay leyes nacionales que buscan la conservación del recurso, aunque migre fuera de las 200 millas. “Si vamos a confrontar con otros países, el recurso termina siendo sobreexplotado. Hay que tener presencia en el Atlántico Sur, hay que tener diálogo y hay que tener diplomacia”, concluye Villanueva.

Los problemas que presenta la pesca en el Atlántico Sur admiten múltiples lecturas y se puede intentar encuadrarlos mediante leyes nacionales o instrumentos multilaterales. En cualquiera de esos casos, el desafío es hacerlos efectivos y que las buenas intenciones se concreten más allá de los papeles, de las pantallas y de tierra firme.