Patrocinada por Eugenio Zaffaroni, La Rioja pidió a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del mega DNU de Javier Milei

Mientras la Comisión Bicameral se reúne este jueves en el Congreso de la Nación para empezar a tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que presentaron desde el Poder Ejecutivo, el gobierno de la provincia de La Rioja solicitó a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la norma.

El pedido ingresó el martes a última hora con la firma de los apoderados legales de la provincia, el exjuez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra. Los argumentos principales para la misiva tienen que ver con que “ya se cumplieron todas las medidas que ordenó el máximo tribunal”.

En el escrito, los abogados resaltaron el recorrido que realizó el amparo judicial, el dictamen a favor que obtuvo de la intervención de la Corte del procurador Eduardo Casal y la notificación y posterior respuesta de la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra.

Pese a que la Corte Suprema no tiene un plazo límite para realizar su declaración, el gobierno riojano insistió en que el DNU produce “perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable”.

La primera demanda contra el decreto había sido presentada el 27 de diciembre pasado por el gobernador Ricardo Quintela frente al máximo tribunal, que respondió que su tratamiento sería recién después de la feria judicial de enero, para “dejar espacio al Congreso para que trate el decreto y decida si lo avala o lo rechaza”.

El recurso del Gobierno para validar el capítulo fiscal

El DNU -con sus más de 300 artículos- plantea diversas modificaciones y desregulaciones en el sistema, como son la desregulación de mecanismos de la economía; la eliminación de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento; la flexibilización del mercado laboral; y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas.

Entre las más relevantes se encontraban las contenidas en el capítulo laboral, cuya aplicación debió ser suspendida luego de que un fallo lo declarara inconstitucional por resoluciones relacionadas al pedido de condiciones de “necesidad y urgencia” a las que recurrió el Ejecutivo. El paquete de medidas incluía rectificaciones en los períodos de prueba, en las causales de despido y en el sistema de indemnizaciones.

Frente a esto, la semana pasada el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema que busca revertir la situación. La presentación estuvo encabezada por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a cargo de Barra, e incluye críticas a la justicia laboral y la Confederación General del Trabajo (CGT), que presentaron diversos reclamos en contra de la ordenanza impulsada por el presidente Javier Milei.

“No surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora. Tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar”, sostiene el escrito.

“Corresponde señalar que el Tribunal a quo toma un elevado e injustificado piso de ponderación respecto a la necesidad y urgencia que habilita al PEN a emitir un DNU. Tenga presente que la norma emitida y el proyecto de ley enviado pretenden modificar el marco regulatorio actual y el rol que debe tener el Estado”, acusa, apuntando directamente contra la decisión del Tribunal. Esto se debe a que el pasado 30 de enero la Cámara Nacional del Trabajo había declarado la inconstitucionalidad como respuesta a la CGT, que realizó una presentación seguida de una manifestación a Tribunales para reclamar a la Justicia.

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