La COP3 de Escazú: una nueva oportunidad

Comienza hoy la tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP 3 de Escazú), y con ella, la oportunidad de avanzar en los objetivos del tratado, particularmente la protección y resguardo de las personas defensoras del ambiente, la participación efectiva de las comunidades indígenas y locales en decisiones relacionadas a sus territorios; así como su acceso a justicia y a la información. Hasta el miércoles 24, Santiago de Chile será el epicentro de un diálogo crucial entre representantes de los países miembros, con la esperanza de fortalecer la democracia ambiental en nuestro continente.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas para la protección de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Los números en nuestra región son alarmantes: según un informe de la ONG Global Witness, entre 2012 y 2022 fueron asesinados 1910 defensores y alrededor del 70% de los asesinatos ocurrieron en América Latina y el Caribe. Ante esta realidad, la implementación del Acuerdo de Escazú adquiere una urgencia innegable.

Durante la COP3, se espera la aprobación del Plan de Acción Regional sobre Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Este plan debe ir más allá de meras intenciones y garantizar una protección integral, incluyendo un enfoque de género y medidas concretas para prevenir la criminalización de la defensa ambiental. Además, se discutirá la incorporación de la perspectiva de género en el Acuerdo, reconociendo que la protección del ambiente y la equidad de género están intrínsecamente entrelazadas.

En el caso de la Argentina, si bien la ratificación de Escazú en 2021 fue un paso adelante, su implementación efectiva está aún pendiente. La ratificación debe ir acompañada de políticas públicas concretas y una verdadera voluntad de coordinación entre niveles de gobierno para garantizar su cumplimiento. Todavía no se ha establecido un sistema de gobernanza efectivo, lo que ha dado lugar a persistentes dificultades en el acceso a la información, la participación del público en el proceso de toma de decisiones y, en ocasiones, la criminalización de las personas defensoras del ambiente.

Un ejemplo de ello es lo que sucede en la provincia de Jujuy. Durante el año 2023 se promovieron y sancionaron reformas normativas con menor escrutinio social y a expensas de los derechos de las comunidades indígenas y de la sociedad civil. Tanto en su proceso de reforma como en su contenido, la nueva Constitución provincial y el Decreto 7551/2023 que regula los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad minera, ignoraron derechos fundamentales como el acceso a la información, la participación ciudadana y la consulta previa, libre e informada. Esto representa un retroceso en materia de derechos humanos y ambientales, en pos de priorizar el desarrollo de la minería en la provincia.

El Acuerdo de Escazú establece estándares obligatorios en materia de información, participación y justicia en asuntos ambientales. Para cumplir con sus compromisos, es crucial que las políticas y regulaciones ambientales se desarrollen de acuerdo con estos estándares. Esto implica la creación y el fortalecimiento de instituciones transparentes y democráticas que promuevan la participación pública en la toma de decisiones ambientales y una continua mejora y progresividad en las reformas para asegurar la plena implementación del acuerdo, la protección del ambiente y el respeto de derechos humanos fundamentales.

Por otro lado, a pesar del rol prioritario que desempeñan las mujeres defensoras de la naturaleza y sus territorios, su lucha queda invisibilizada por la discriminación sistemática, el sexismo institucionalizado y los estereotipos de género existentes.

No podemos permitirnos más demoras ni excusas. La protección de nuestro ambiente y de quienes lo defienden es una responsabilidad de los Estados y de toda la sociedad.

Di Pangracio, abogada y directora ejecutiva adjunta de FARN; Corral, abogada del área de Política Ambiental de FARN