La Justicia peruana dicta prisión preventiva de 18 meses para Pedro Castillo por su fallido autogolpe de Estado

LIMA.– La Justicia peruana dictó este jueves prisión preventiva contra Pedro Castillo, luego de un largo alegato en que el juez Juan Carlos Checkley, del Tribunal de Investigaciones de Lima, avaló el pedido de los fiscales de extender la reclusión del expresidente peruano, detenido desde la semana pasada.

La decisión judicial se dio en medio de la convulsión política y social que vive el país desde hace más de una semana, y luego de la declaración de emergencia decretada el miércoles por el gobierno de Dina Boluarte ante el incremento de las protestas derivadas de la crisis, muchas de carácter violento.

La sesión judicial definió así el pedido de la Fiscalía de la Nación de 18 meses de prisión preventiva contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración luego de lo que se consideró un intento de autogolpe de Estado el 7 de diciembre.

Ni Castillo ni sus abogados estuvieron presentes. Uno de sus integrantes mencionó que el líder izquierdista se negó a recibir la notificación. Ante la negativa, se asignó el caso a un defensor de oficio.

Durante la audiencia, que se desarrolló de forma virtual, el fiscal Alcides Chinchay argumentó que el expresidente es “coautor” del frustrado intento de “golpe de Estado” junto a quienes fueron sus primeros ministros, Betssy Chávez y Aníbal Torres.

En ese sentido, podría recibir una pena de entre diez y 20 años de prisión. La pena recaería en las condenas de abuso de autoridad (mínimo 2 días y máximo 3 años), grave perturbación (mínimo 2 días, no superior a 10 años), y rebelión (mínimo 10 años).

Además, Chinchay argumentó que existe un peligro de fuga, ya que tras anunciar el cierre del Congreso y la reforma del Poder Judicial la semana pasada, el mandatario pidió asilo político a la Embajada de México, que fue aceptado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

El abogado defensor de Castillo, Italo Díaz, refutó esta acusación diciendo que el exmandatario nunca solicitó el asilo político, sino que fue solo un ofrecimiento del canciller de México, Marcelo Ebrard.

La audiencia estaba prevista para el miércoles pero se postergó a pedido de los abogados de Castillo, que demandaron más tiempo para conocer los fundamentos de la acusación. En tanto, este jueves continuaba una intensa actividad política y judicial, con un pleno del Parlamento en el que se debatía la convocatoria a elecciones anticipadas, uno de los focos de presión sobre la presidenta Dina Boluarte.

Manifestaciones

Castillo fue destituido por el Congreso y detenido por la policía, lo que desató protestas en gran parte del país, que han dejado hasta el momento nueve fallecidos y unos 200 heridos. Decenas de manifestantes que piden la liberación del exmandatario acampaban en los exteriores de una prisión policial al este de Lima, donde el exgobernante está recluido, mientras se desarrollaba la audiencia.

Desde la semana se contabilizan al menos diez muertos en medio de las protestas contra Boluarte y la exigencia de elecciones inmediatas y la disolución del Congreso.

Debido a la violencia de algunas protestas, empezó a regir este jueves el estado de emergencia en todo Perú, por 30 días, lo que permite restringir el derecho a la movilización y desplegar efectivos militares y policiales para ”mantener el orden y la seguridad”, según declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola, al anunciar la medida el miércoles.

Agencias AFP, Reuters y Telam

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