El Congreso español aprueba la amnistía a los separatistas catalanes que Sánchez había pactado para seguir en el cargo

BARCELONA.-Después de negociaciones maratónicas, numerosas movilizaciones en las calles e incluso el polémico posicionamiento de la judicatura, el Congreso de los Diputados de España aprobó el jueves el proyecto de ley que amnistía a políticos y activistas independentistas catalanes por los hechos relacionados con el fallido proceso de secesión de 2017.

Esta medida fue la palanca que permitió al presidente Pedro Sánchez permanecer en la Moncloa gracias a un pacto con las formaciones catalanas después de las elecciones del pasado mes de julio, en las que el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo fue el partido más votado.

Por esta razón, la amnistía ha sido el tema que ha dominado la agenda política española de los últimos meses, aunque en las últimas semanas había perdido protagonismo en favor de la corrupción. La aparición del llamado “caso Koldo”, que implica a un cargo de confianza del ex ministro socialista José Luís Ábalos por el cobro de comisiones ilegales en plena pandemia, y otro de fraude fiscal que protagoniza la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, han añadido nuevas dosis de bilis a la ruda política española.

La propuesta de ley fue aprobada con un total de 178 votos a favor, los del oficialista Partido Socialista (PSOE) y de todos sus aliados de la legislatura, es decir, además de los catalanes ERC y Junts, también los partidos nacionalistas vascos del PNV y Bildu, así como el BNG gallego. En contra se posicionó la oposición de derecha, el PP y Vox (172 votos).

En el PSOE, la defensa de la ley corrió a cargo del vocero en el Congreso, Patxi López. El ex lehendakari vasco dijo que la norma busca “acabar con el tiempo del enfrentamiento y abrir el tiempo de la reconciliación”.

“Los socialistas hemos gestionado el resultado de fracaso del PP y la obligación de arreglar lo que estropeó”, agregó López, en referencia a la crisis territorial que sucedió bajo el gobierno de Rajoy.

Por su parte, en el PP, fue el propio Feijóo el que subió al estrado para rebatir a López. “Esto no es una reconciliación, es una sumisión”, espetó el líder popular, que pronosticó que “está será la primera ley importante de la legislatura y probablemente, la última”. Y es que el PP espera que, una vez aprobada la amnistía, la precaria y heterogénea mayoría que apoya a Sánchez se resquebraje durante los próximos meses y haya elecciones anticipadas.

Como es habitual, el discurso más hiperbolico correspondió al líder de Vox, Santiago Abascal: “Hoy se vende la soberanía de los españoles ... Hay un cogobierno de Mohamed VI y Puigdemont”, dijo Abascal, uniendo en una misma frase las dos bestias negras del nacionalismo español, el rey de Marruecos y el expresidente catalán, exiliado en Bruselas.

Desde los partidos catalanes, impulsores de la medida, se respiraba una satisfacción moderada. “Esta es la primera parte necesaria, pero no suficiente, para resolver el conflicto político”, recordaba la representante de Esquerra Republicana, el partido que gobierna en Cataluña. “Vamos a aprobar la mejor ley de amnistía posible, de aplicación inmediata”, añadió Josep Lluís Cervera, de Junts. Y es que su partido espera que su líder, Carles Puigdemont, pueda volver a Cataluña antes del verano.

Obstáculo

Ahora bien, la votación en el Congreso no significa el final del culebrón sobre la amnistía, sino tan solo el final de un capítulo. El proyecto de ley ahora pasará al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Se espera que los de Feijóo dilaten todo lo posible el proceso de enmienda del texto, es decir, un periodo de un par de meses. Luego, el proyecto volverá al Congreso, que con toda probabilidad rechazará las enmiendas conservadoras, y así la amnistía quedará oficialmente promulgada.

De hecho, el mayor obstáculo que afronta la medida se sitúa en la alta judicatura española, muy politizada, y que se ha posicionado en contra. En teoría, tras la aprobación definitiva, deberían decaer todas las causas contra los independentistas, y facilitar el retorno de los exiliados, incluido Puigdemont. Pero la alta judicatura ha demostrado una gran inventiva para torpedear la aplicación de la amnistía. Al culebrón de la amnistía, aún le quedan nuevos episodios.

Por ejemplo, una primera redacción del proyecto de ley excluía de la amnistía los delitos de terrorismo, dado que el movimiento independentista actuó de forma no violenta. Sin embargo, al día siguiente, el juez García-Castellón imputó a Puigdemont por delitos de terrorismo apoyándose en el hecho de que un ciudadano francés murió de un ataque al corazón en las inmediaciones de una protesta independentista, lo que podría excluir al líder catalán de la amnistía. Este hecho provocó que se tuviera que devolver el proyecto de ley a la fase de redacción, y pospuso su aprobación durante un mes.

Así las cosas, no está nada claro que cuando entre en vigor la norma, los políticos exiliados puedan inmediatamente volver a Cataluña. Uno de los posibles escenarios es que algún juez español remita una consulta sobre la constitucionalidad de la norma al Tribunal Constitucional o a la justicia europea e intenté congelar su aplicación hasta obtener una respuesta.

Elecciones anticipadas

En las últimas 24 horas, otro hecho ha sacudido la política española: la decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, de ERC, de convocar elecciones anticipadas el próximo 12 de mayo al no conseguir los apoyos necesarios para aprobar los presupuestos de este año. La futura aplicación de la amnistía condiciona y mucho la convocatoria electoral, ya que no está claro si Puigdemont, el gran activo electoral de Juns, podría volver a tiempo de ser investido presidente en caso de ganar las elecciones.

Inmediatamente, el presidente español, Pedro Sánchez, reaccionó dando por perdida la aprobación de las cuentas públicas para este año, y ordenó a su gobierno empezar a preparar las cuentas para 2025. La negociación de los presupuestos había entrado en su fase decisiva, y Sánchez ha considerado que en plena campaña electoral en Cataluña, la competición entre ERC y Junts contaminaría el debate sobre las cuentas públicas haciendo imposible su aprobación.

Entre las previsibles maniobras de la judicatura contra la amnistía, las recriminaciones mutuas por los nuevos casos de corrupción y la proximidad de las elecciones catalanas y vascas, el próximo 21 de abril, la política española ha entrado en un nuevo periodo de frenesí.