Acorralada por las protestas, Dina Boluarte ordena el estado de emergencia en Lima y despliega el Ejército en las calles
La medida contempla por 30 días que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas”
LA NACION
LIMA.– Ante la extensión de violentas protestas a varias regiones del país, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, amplió el estado de emergencia que suspende algunos derechos fundamentales de los ciudadanos y habilitó el despliegue de Fuerzas Armadas en apoyo de la policía.
El gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia desde ayer y por 30 días a partir de hoy en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, medida que autoriza a los militares a intervenir junto a la policía frente a las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que en cinco semanas causaron 42 muertes luego del autogolpe fallido del despuesto presidente Pedro Castillo.
La medida contempla que “la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, según el decreto del Poder Ejecutivo publicado por la gaceta oficial El Peruano.
Además, suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.
La mandataria impuso el estado de emergencia en todo el país en diciembre durante un mes, que ya se cumplió.
Este nuevo estado de excepción se decretó para el departamento de Lima, donde se ubica la capital del país, y las regiones de Puno y Cusco, en el sur peruano; la región y provincia del Callao, colindante con la capital; una provincia de la región Apurímac; otras dos de Madre de Dios; y un distrito en Moquegua, estas últimas también jurisdicciones sureñas.
La medida incluye cinco rutas que atraviesan el país, tras varios incidentes de bloqueos de vías en las protestas que paralizaron el trasporte de personas y mercancías.
También se estableció un toque de queda nocturno en Puno, uno de los epicentros de las protestas, por 10 días desde las 20 hasta las cuatro de la madrugada. Está medida se había dado antes por tres días desde el martes 10 hasta el viernes 13.
La Defensoría del Pueblo había informado el sábado por la tarde de nuevas movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 33 provincias, la mayoría de regiones del sur del país.
Las autoridades registraron 100 cortes en carreteras nacionales y un ataque a unidades de transporte público para obligarlas a sumarse a protestas en la región sureña de Arequipa.
En Cusco, meca del turismo internacional porque la región es sede de las ruinas de Machu Picchu, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad, medida con la que el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta 1,7 millones de dólares por la crisis.
Desde que empezaron las protestas han muerto 49 personas: 41 civiles en enfrentamientos, siete por accidentes de tránsito y sucesos vinculados con bloqueos y un policía que murió calcinado tras ser atacado por una turba, según el reporte de la Defensoría.
La decisión gubernamental se produce cuando se anuncian movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir de hoy, una acción que las autoridades califican de intento de desestabilizar a Boluarte. En esa región habitan comunidades quechuas y aymaras que, coinciden analistas, han sido históricamente marginadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó la semana pasada una visita al país, consideró que para superar definitivamente la crisis será necesario integrar a esas comunidades.
Las autoridades insisten en que detrás de las protestas hay sectores ultrarradicales, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Las masivas movilizaciones –que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso– tomaron un nuevo impulso la semana pasada después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
Entre los manifestantes hay quienes también reclaman que se le libere a Castillo, el antecesor de Boluarte que fue depuesto y permanece en prisión preventiva por 18 meses mientras es investigado por presunta rebelión.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.
Agencias ANSA y AP
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