Procurador del Tesoro: ¿defensor del Estado?

La idoneidad debería ser el criterio que sirva de parámetro para ocupar un cargo público; sostenida en una tríada de moral, eficiencia y eficacia. Además, claro está, de la formación académica especial, según el cargo del que se trate.

La moral no refiere solo a la ausencia de antecedentes penales, lo cual podría ser una arbitrariedad en un país con una justicia penal cuestionada, cargada de operaciones políticas y de revanchas. Hace, más bien, a la trayectoria pública y privada de una persona. Y tiene que ver esencialmente con un estatus para acceder a un cargo público, que debe mantenerse incólume a lo largo de su ejercicio.

La eficiencia y la eficacia se vinculan especialmente con el desempeño más que con la referencia previa. La eficiencia es la capacidad para llevar adelante el cometido del puesto. La eficacia mide el éxito o no del resultado. Ambas están unidas por un nexo de tal intensidad que una es causa de la otra.

Idoneidad, eficiencia, eficacia y una conducta moral intachable deberían ser los parámetros para acceder a un cargo público de la relevancia del procurador del Tesoro, y no el amiguismo y las ansias de impunidad

Durante el gobierno anterior, uno de los caballos de batalla a la hora de cuestionar la valía de los que ocuparon cargos públicos fue el eventual conflicto de intereses. Era comprensible porque la mayoría de los funcionarios provenía del sector privado y carecía de antecedentes en la política. El razonamiento era que los vínculos construidos en el paso por la actividad privada limitaban o condicionaban sus habilidades para desplegar una tarea de servicio público, una presunción algo exagerada que terminó con decretos puntuales para las máximas autoridades y normas y acciones de la Oficina Anticorrupción.

También en este plano la fisonomía del actual gobierno difiere profundamente de la del anterior. En su mayoría, se trata de funcionarios sin antecedentes en la actividad privada, cuya dedicación primordial ha sido la política, con un pasado más ligado al ejercicio de cargos públicos, ya sea en el sector nacional, provincial o municipal. El conflicto de intereses como se concibió en la gestión anterior no aplica entonces, porque las amistades políticas –muchas de carácter público, con aportes de campaña incluidos–no permiten vincularlos con el sector privado.

La idoneidad, como cualidad indispensable, refiere pues a qué se hace con el cargo, es decir, la eficiencia y la eficacia alcanzadas, iluminadas por la moral. Haber trabajado exclusivamente en el sector público no deja de ser un pobre aval cuando se trata de hacer, y hacer bien.

Sirve para ejemplificar la cuestión uno de los cargos icónicos ocupado por el arquitecto legal de los principales proyectos de la vicepresidenta de la Nación, a quien lo une una larga historia de lealtades públicas: el procurador del Tesoro. Se trata de un puesto neurálgico en la administración pública nacional, asimilable a la jerarquía de un ministro. La Procuración representa o patrocina al Estado nacional en juicios de relevancia. Se trata del jefe del Cuerpo de Abogados del Estado, Carlos Zannini, quien tiene a su cargo, directa o indirectamente, los servicios jurídicos de cada ministerio: más de 6000 abogados, el único grupo conformado exclusivamente por profesionales de toda la burocracia estatal. Son ellos los que deciden qué se puede hacer y cómo en cada repartición pública, son también los que dirigen literalmente la defensa en millones de juicios contra el Estado nacional, desde reclamos previsionales –jubilaciones postergadas o impagas– hasta juicios por coparticipación federal iniciados por provincias. Todo. Incluidos los litigios en el exterior, en su mayoría millonarios, como el de la expropiación de YPF, pasando por acciones de bonistas que no adhirieron a las varias reestructuraciones de deuda, hasta juicios arbitrales en el Banco Mundial, de empresas protegidas por tratados bilaterales de inversión.

Carlos Zannini, el reconocido cerebro jurídico del kirchnerismo, controla hoy la estrategia judicial de más de dos millones de procesos en los que el Estado es parte. Se ha involucrado plenamente en casos menores, pero de clara connotación política, en desmedro de asuntos que conciernen a todos los argentinos

Nada sorprende ya, pero no se puede dejar de mencionar que Zannini fue designado jefe de los abogados del Estado tras haber pasado meses en prisión, acusado del encubrimiento del mayor atentado terrorista en el país. Si bien fue sobreseído en esa causa junto con Cristina Kirchner, el fallo está siendo revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El reconocido cerebro jurídico del kirchnerismo controla hoy la estrategia judicial de más de dos millones de procesos en los que el Estado es parte. Entre las actuales tareas desempeñadas por el procurador, llama la atención su participación plena y activa en el concurso del Correo Argentino; menor, muy menor si se compara con el resto de los juicios, al punto que se podría decir que no es un caso para involucrar al jefe de abogados del Estado, salvo por una razón política puntual. El otro expediente del que se ha ocupado con fervor es la causa penal en relación con el préstamo otorgado por el FMI, habiendo pedido a la Justicia que cite a declarar a los directivos del organismo que otorgaron los 44 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. Más allá de la oportunidad, es de las pocas causas en el fuero criminal en la que la Procuración se presenta como parte interesada. En el orden local, no se ocupa de nada más.

En el ámbito internacional, en tanto, el perfil de actuación no mejora. En el fuero arbitral del Banco Mundial quedan pocos casos que involucren a nuestro país. En los dos más activos, la única novedad es que, contrariando una larga tradición, se contrataron costosos estudios internacionales para defender a la Argentina. Desde los tiempos del respetado Werner Goldschmidt se supone que la Dirección de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro defiende directamente los casos. Sin embargo, hoy todo se terceriza, pagando partidas millonarias a distintos estudios. En el caso del reclamo de AES Corporation, se llegó incluso a contratar al estudio Dechert, que ya litigó contra la Argentina y logró nada menos que el embargo de la fragata Libertad. Ciertamente llamativo. Alguien debiera alguna vez revisar la razonabilidad, si la hubiera, de estas contrataciones que se hacen extensivas al Ministerio de Economía con un estudio jurídico que aparece siempre cobrando cifras millonarias.

¿En manos de quién y con qué millonarios costos para el erario público se encuentra la defensa de los intereses del Estado? Pareciera más bien que el único norte de quien ejerce un cargo clave en la administración nacional es meramente defender los intereses de su mandante, la vicepresidenta. Sin moral, ni eficiencia ni eficacia.

Asistimos a un real conflicto de intereses, no ya con el sector privado, sino mucho más grave aún: con el propio Estado nacional.