Otro negociado disfrazado de empresa

Sin necesidad, pero con mucha urgencia, el 13 de mayo de 2005 Néstor Kirchner se apresuró a firmar el DNU 475/05, no para quitar privilegios como intenta hacerlo el presidente Javier Milei, sino para otorgarlos a su socio en las sombras, Cristóbal López, quien supo retribuirle alquilando habitaciones, que nadie ocupó, en los hoteles de El Calafate.

En 2004, Néstor Kirchner visitó San Antonio Oeste y la fábrica de carburo de sodio (soda Solvay) que Alcalis de la Patagonia SA (Alpat) construyó durante 35 años, sin haberla puesto en marcha. Según Julio Rajneri, exdirector del diario Río Negro, ese proyecto costó al país, entre avales, aportes, préstamos y diferimientos, alrededor de 500 millones de dólares. Si el gobierno la hubiese auditado, habría descubierto que su objetivo no era fabricar, sino inflar; inflar costos, pedir retornos y dejar fondos en el exterior al construir la planta y el puerto, importar maquinarias y contratar consultoras extendiendo durante décadas ese régimen para robar recursos del Estado.

En aquella visita, los directivos de Alpat le solicitaron pesificar deudas, refinanciar pasivos y nuevos créditos para hacerla funcionar. Kirchner se negó a hacerlo, pero cambió de opinión cuando falleció, ese mismo año, el francés Marcel Degraye, quien siempre escondió ser su dueño, oculto tras la pantalla de Bergo Anstalt (Liechtenstein) y la gestión fiduciaria del Crédit Lyonnais Forfaiting. Desconocido para el público local y perseguido por el fisco francés, cultivó vínculos fructíferos con gobernadores y senadores de Río Negro a través del ingeniero Osvaldo Dagnino, su cara visible.

El zar del juego obtuvo en 2005 un decreto de necesidad y urgencia semejante al que logró dos años después para las tragamonedas de Palermo

Para los herederos de Degraye fue un presente griego, pues Alpat, agobiada de deudas y sin capital de trabajo, no podría funcionar sin apoyo estatal. Ante la negativa de Kirchner, aceptaron la “sugerencia” de cederla a Cristóbal López por el monto del pasivo, sin pagar un centavo. Confirmada la compra, el zar del juego obtuvo el decreto de necesidad y urgencia 475/05, semejante al que logró dos años después para las tragamonedas de Palermo. Logró así los mismos beneficios que habían pedido aquellos el año anterior y que Kirchner no había olvidado, concretando la compra en 2006 a través de South Minerals, una vez firmado el decreto.

Disfrazado de “reformulación del proyecto de promoción industrial” original, el DNU otorgó nuevamente a Alpat el beneficio de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, algo ilegal respecto de una fábrica terminada, con la promoción vencida y con nuevos dueños. Refinanció también la deuda con el Estado nacional por 162,3 millones de dólares (con menor tasa y sin punitorios) a cancelar con créditos de IVA acumulados durante la construcción. Ese privilegio fue paradojal, pues en el célebre “caso Alpat” (1986) la Corte Suprema de Justicia había resuelto que los créditos por IVA (“saldos técnicos”) no pueden usarse para pagar impuestos.

No había ningún justificativo para que se concediesen esos inusuales beneficios a Cristóbal López. La ley sobre acuerdos preventivos extrajudiciales permitía al Estado nacional, como principal acreedor de Alpat, llevar a cabo un proceso judicial de cramdown y licitar entre varios interesados la venta de la empresa con las ventajas que se otorgaron en la penumbra al referido Cristóbal López.

Cristóbal López creyó haber encontrado en el litio un futuro para su elefante blanco. Para superar el obstáculo del flete por camión hasta el NOA, negoció políticamente trasladar ese enorme costo a las empresas ferroviarias, siempre deficitarias y dispuestas a subsidiar tarifas

Ese decreto escandaloso, más una maniobra judicial posterior en los tribunales de Río Negro para borrar el pasivo de Alpat entregando al Estado acciones sin valor, hizo que Sergio Rodríguez, fiscal de Investigaciones Administrativas denunciase penalmente en 2017 a los firmantes. La causa se radicó en el Juzgado Federal N° 9, de Luis Osvaldo Rodríguez, fiscalía de Eduardo Taiano, pero quedó paralizada.

Para completar el negocio de Cristóbal López, Néstor Kirchner convirtió a Alpat en proveedor monopólico de soda Solvay aplicando un derecho de importación del 10%, imponiendo licencias previas y prohibiendo importarlo por la aduana de Campana, por donde siempre ingresó el grueso del carbonato.

Pero con beneficios fiscales vencidos, tarifas de energía en alza, tecnología vetusta y un gran pasivo ambiental, la empresa estuvo a punto de cerrar. Sin embargo, el año pasado Cristóbal López creyó haber encontrado en el litio un futuro para su elefante blanco, pues la elaboración de carbonato requiere soda Solvay como reactivo. Para superar el obstáculo del flete por camión hasta el NOA, negoció políticamente trasladar ese enorme costo a las empresas ferroviarias, siempre deficitarias y dispuestas a subsidiar tarifas por aquello de “qué le hace una mancha más al tigre”.

Se han creado situaciones dolorosas, poniendo a muchas familias argentinas como rehenes para mantener regímenes insostenibles que perjudican al país

De ese modo, se las ingenió para despachar convoyes de diez vagones y 250 toneladas desde San Antonio Oeste, en Río Negro, hasta Catamarca, recorriendo 2300 kilómetros con tres ferrocarriles estatales: el Tren Patagónico (provincia de Río Negro) hasta Bahía Blanca; el Ferrosur Roca (del Estado nacional) a Buenos Aires, y el Nuevo Central Argentino (también del Estado nacional), para el tramo final.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, felicitó a Alpat por su “expansión a nuevos mercados y la logística integral”. Continuó así una línea de apoyo provincial a Alpat desde 1970, omitiendo los desfalcos cometidos en nombre del desarrollo y el empleo locales. Al igual que en Tierra del Fuego (electrónica), Santa Cruz (Río Turbio) o Río Negro (San Antonio Oeste), se han creado situaciones sociales dolorosas, poniendo a muchas familias argentinas como rehenes para mantener regímenes insostenibles que perjudican al país.

En la actualidad, con la dramática caída del precio internacional de litio por la menor demanda de autos eléctricos en China, quedará expuesta esta grave distorsión de la economía argentina, tejida por la política local y los negocios espurios. En Alpat se usaron 500 millones de dólares para repartir entre unos y otros hasta llegar a 2024 con una empresa obsoleta, contaminante y endeudada, que carece de todo valor sin aranceles proteccionistas y si asumiese con rigor sus pasivos fiscales y ambientales.

Esperemos que el Estado no continúe enterrando dinero en una empresa sin viabilidad alguna y que focalice su atención en las 400 familias que allí trabajan con dignidad en un medio hostil para que puedan reinsertarse en proyectos sustentables con bases sólidas, en una Argentina que se reconvierta con inserción en el mundo de forma competitiva.