Los obscenos privilegios de Cristina Kirchner

Verdadera indignación provoca la actitud de los funcionarios de la Anses de no apelar el controvertido fallo de un juez que convalidó la doble jubilación de privilegio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Tal sentimiento se habrá de manifestar con más razón en cientos de miles de jubilados y pensionados que acuden a la Justicia para reclamar ajustes en sus magros haberes y que, pese a encontrar respuesta favorable en los magistrados, siguen esperando una sentencia definitiva ante las incontables apelaciones de la Anses, cuya perversa esperanza pareciera ser que los beneficiarios de los fallos judiciales terminen muriendo antes de percibir lo que de acuerdo a derecho les corresponde.

Avergüenza e indigna que la vicepresidenta, pese a acumular una vasta colección de procesamientos judiciales –algunos incluso con pedido de prisión preventiva– por diferentes escándalos de corrupción, reciba, entre sus dos jubilaciones de privilegio, alrededor de 2,8 millones de pesos mensuales, equivalentes a más de cien veces el haber jubilatorio mínimo, que no alcanza los 26.000 pesos. El fallo reconoce, además, el pago de un retroactivo que rondaría los 120 millones de pesos. No menos irritación puede causar que el exvicepresidente Boudou, condenado por corrupción, perciba otra jubilación de privilegio equivalente a casi medio millón de pesos mensuales.

Al desistir de una apelación que había presentado y solicitar el archivo de la causa judicial, la Anses renuncia a defender los propios intereses del Estado, que son precisamente los del conjunto de la ciudadanía, y accede al requerimiento formulado por la vicepresidenta de la Nación con un descaro pocas veces visto. No cabe otra calificación que la de escandaloso para un trato claramente distinto del que el organismo oficial dispensa a la gran mayoría de jubilados. Aunque no debería sorprender si se recuerda que Fernanda Raverta, dirigente de La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner, comanda el organismo y que en el trámite intervino otro viejo lugarteniente de Cristina Kirchner como Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro.

La vicepresidenta seguirá cobrando la abultada suma resultante de la pensión de privilegio que le correspondía tras la muerte de su esposo más la jubilación de privilegio como ex presidenta, aun cuando la ley vigente dispone expresamente que la percepción de la asignación vitalicia de exmandataria es “incompatible” con el goce de “toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal”.

La cadena de groseras irregularidades y abusos de poder para favorecer a la vicepresidenta es elocuente desde que, hacia fines de 2020, el juez de primera instancia Ezequiel Pérez Nami le dio la razón a Cristina Kirchner en la demanda que ella inició al Estado nacional, luego de que la Anses dejara de pagarle, durante la gestión anterior, una de las dos jubilaciones de privilegio que percibía.

El fallo fue apelado, como formalmente correspondía, por la Anses, aunque el organismo no acompañó los argumentos en contrario que avalaran su presentación. Más aún, siguió pagándole a la vicepresidenta las dos prestaciones, aunque aquella sentencia de primera instancia se hallaba suspendida por su apelación. La justificación de esa absurda medida fue que la Procuración del Tesoro había expresado su opinión favorable a la solicitud de Cristina Kirchner y sostenido que no hacía falta aguardar la resolución del litigio para abonar los dos beneficios. ¿Acaso podía esperarse otra cosa de Zannini, exsecretario legal y técnico de la expresidenta involucrado en otras tantas graves causas e irregularidades?

No llama la atencion, en este contexto, que la genuflexa Anses le haya solicitado un dictamen al procurador del Tesoro para resolver si debía o no seguir pagándole una doble jubilación a la vicepresidenta y que no haga lo propio a la hora de decidir su proceder frente a otros jubilados que han sido beneficiados por sentencias de primera instancia favorables al ajuste de sus haberes.

Sí resulta llamativo que Alberto Fernández reclame públicamente a los empresarios sensibilidad frente a la población que más sufre las consecuencias de la crisis económica y que mire para otro lado en casos tan obscenos como el comentado.

Estas situaciones sirven para recordarnos la importancia del involucramiento ciudadano a la hora de elegir representantes. Personajes como los mencionados en esta columna editorial jamás apoyarán iniciativas como la ficha limpia, ni defenderán la independencia de los poderes, ni mucho menos serán capaces de entender que el Estado no debe estar al servicio del gobierno de turno sino de los ciudadanos. En democracia, todos somos iguales ante la ley por más que algunos sigan esforzadamente apostando a consagrar sus privilegios tanto como su impunidad.