La Argentina: ¿una trampa para incautos?

En su reciente alocución ante empresarios congregados en el Hotel Llao Llao, el presidente Javier Milei los instó a tener coraje y atreverse a invertir en la Argentina aun cuando la economía todavía no se encuentra estabilizada. Se trata de un deseo compartido por todos, ya que es fundamental que el ingreso de capitales y las exportaciones impulsen la recuperación del consumo y el ánimo de la población.

Sin embargo, es probable que no pocos de los empresarios allí presentes –al igual que los ausentes– sospechen que el pedido del presidente de la Nación equivalga a poner sus dedos en una puerta abierta, detrás de la cual, además del primer mandatario, se entrevén figuras temibles como sindicalistas, gobernadores, diputados, senadores, activistas sociales, empresarios protegidos y otros actores con poder que gesticulan amenazando empujarla.

El riesgo país ha caído mucho en lo que va de este año, pero todavía es muy elevado y condiciona la rentabilidad de cualquier proyecto en nuestro territorio, sujeto a la volatilidad de sus leyes, a la discrecionalidad de sus gobernadores y a la ductilidad de sus jueces. Es decir, a las tensiones de una política inmadura, condicionada por ideologías, cargos, votos y dinero, sin espacio para ningún Nicolás Avellaneda o Carlos Pellegrini.

Las palabras “crisis” y “emergencia” ya carecen de sentido en nuestro país. La excepción es la regla y con tantos terremotos autoinfligidos se han demolido los pilares del capitalismo liberal

Milei no solamente debe afrontar el desafío de cortar el gasto para eliminar la inflación, sino también el escepticismo de una clase dirigente que, por experiencia, cree más en la prevalencia última del “statu quo” que en la probabilidad de cambios profundos. La fuerza inercial acumulada durante tantos años de rodar hacia la decadencia plantea un reto titánico para quien intente cambiar su rumbo sin otro músculo que el apoyo de las urnas. Poco probables, pensarán, como les enseñó Isaac Newton en la escuela.

Todo analista meduloso sabe que nuestro país nunca introdujo reformas de fondo que aumentasen su productividad en forma consistente con las expectativas de bienestar de su población para evitar las sucesivas crisis fiscales que reflejaron, en cada período, las discrepancias entre los deseos imaginarios de los argentinos y las dolorosas realidades que se sucedieron. Tarde o temprano, ante la postergación de aquellas, los desajustes se zanjaron con emergencias y ajustes devaluatorios.

En la Argentina hubo que comer pan negro en 1952; pasar el invierno en 1959; sufrir la pesificación de depósitos en 1964; el “Rodrigazo” de 1975; la “tablita” de 1978; la estatización de deuda privada en 1982; el Plan Austral de 1985; la emergencia previsional y de la obra pública en 1986; el “ahorro forzoso” en 1987; el Plan Bonex y la emergencia económica de Menem en 1989; el “impuestazo” de Machinea y la segunda emergencia económica (De la Rúa, 2000); el “corralito”, el mayor “default” de la historia mundial y el quiebre de contratos en 2001; la tercera emergencia económica (Duhalde, 2002) y la cuarta de “solidaridad social y reactivación productiva” (Alberto Fernández, 2019) sumada al impuesto a la riqueza que castigó a quienes se habían acogido al “blanqueo” de 2017.

La nefasta e insólita propuesta de designar al juez federal Ariel Lijo para ocupar un sitial del más alto tribunal es una pésima señal y una falta de percepción de la importancia de la seguridad jurídica

Sin olvidar todas las medidas que alteraron la producción de alimentos, el comercio exterior, el sector energía y el ahorro local durante el kirchnerismo, incluyendo la estatización de empresas privatizadas (Correo Argentino, Aguas Argentinas, Tandanor, Aerolíneas Argentinas, FADEA, Belgrano Cargas, Ciccone Calcográfica) y de las AFJP’s (2008); la confiscación de YPF (2012); la imposición del cepo cambiario (2011), el falseamiento de los índices oficiales (INDEC) y la violación de los marcos regulatorios que alejaron del país a grandes empresas que habían creído en las reglas de juego de las privatizaciones e invertido sumas millonarias a largo plazo.

Las palabras “crisis” y “emergencia” ya carecen de sentido en nuestro país. La excepción es la regla y con tantos terremotos autoinfligidos se han demolido los pilares del capitalismo liberal que inspiraron nuestra Constitución en 1853. La Corte Suprema de Justicia, desde 1922, ha corrido detrás de la política, convalidando todos los desatinos parlamentarios en detrimento de las bases institucionales del desarrollo: la propiedad, el contrato y la seguridad jurídica. Las crisis han motivado medidas de emergencia y esos desvíos de la norma fundamental han sido causa de crisis siguientes hasta llegar a la actual, heredada de los tres gobiernos kirchneristas.

La nefasta e insólita propuesta de designar al juez federal Ariel Lijo para ocupar un sitial del alto tribunal es una pésima señal y una falta de percepción de la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversiones.

Los “jueces de la servilleta” están al servicio del poder y nunca de la Justicia vendada e imparcial que requieren los inversores

Los “jueces de la servilleta” están al servicio del poder y nunca de la Justicia vendada e imparcial que requieren los inversores antes de convertir sus dólares en fábricas, usinas, gasoductos, minería o plantas de LNG, sujetándolos a los avatares de nuestras excepciones y emergencias.

Algunos analistas señalan con temor la creciente sobrevaluación de la moneda como obstáculo para la reactivación del consumo y las inversiones de largo plazo. En el pasado ya se han vivido situaciones semejantes y, como señalamos, siempre han culminado en crisis por la dificultad de “devaluar sin devaluar” que es la única salida verdadera. Es decir, reducir costos para ganar competitividad sin alterar la paridad del dólar. Pero como detrás de los “costos” hay ingresos de quienes se oponen a renunciar a sus privilegios, la inercia de la decadencia siempre ha prevalecido. En la metáfora inicial, amenazan con empujar la puerta si alguien colocase allí sus dedos.

El Gobierno ha hecho una tarea magnífica en reducir la inflación ajustando el gasto público. Pero faltan los cambios que hagan sustentable el equilibrio fiscal alcanzado. La reducción del costo argentino, el acceso al mercado de capitales, la caída de la tasa de interés, la eliminación del cepo cambiario, la apertura económica y el fin de los mercados cautivos como Tierra del Fuego o Tabacalera Sarandí, darán credibilidad al programa en curso.

Milei no se enfrenta solamente a “la casta” opuesta a sus reformas, sino a un complejo entramado de intereses tejido con el paso del tiempo alrededor de cada sector del Estado, de cada empresa pública, de cada empresa privada en nichos de confort regulatorios. Los presentes en el foro del Llao Llao, así como los ausentes, conocen bien la historia argentina y saben que, para arriesgar en serio sus capitales en el país, fuera de las oportunidades del “carry trade”, no basta con bajar la inflación ni con el encendido voluntarismo del Presidente, sino que necesitan también señales más firmes respecto de que, esta vez, los cambios de fondo irán a fondo.