El Estado se perderá de recaudar US$770 millones por no cobrarle impuestos a un grupo de empresas

Ayer por la tarde, en un quiosco de Vicente López, un atado de 20 cigarrillos de la marca Marlboro se vendía a $640. Uno de sus competidores, Red Point, a $220. La diferencia de precio sorprende al tener en cuenta que ambos se producen en suelo nacional y compran tabaco en zonas similares.

La distorsión se explica principalmente por una variable: una de las empresas no paga el impuesto al consumo específico, el tributo instaurado en la época de Néstor Kirchner para estos productos, entre otros.

El mercado de cigarrillos se divide en dos: por un lado, las compañías multinacionales, como Massalin Particulares (Phillip Morris, Marlboro, Chesterfield, etc.) y British American Tobacco (Camel, Lucky Strike y Rothman´s, etc.) y, por el otro lado, empresas como Tabacalera Sarandí y Bronway -originalmente argentinas y pymes- que devinieron en gigantes de la industria a través de una competencia que las primeras tildan de desleal.

Se debe a que en 2016, Tabacalera Sarandí, que en ese entonces tenía una mínima porción del mercado de cigarrillos, consiguió una cautelar en la Justicia en lo contencioso administrativo para no pagar el impuesto interno, modificado durante el gobierno de Mauricio Macri por decreto, debido a que las colocaba en desventaja frente a las grandes corporaciones, que tenían cerca del 96% del consumo asegurado.

Sus fundamentos eran que la aplicación del tributo la dejaría en la quiebra y la industria se monopolizaría por completo. A esta le siguieron otras pymes, como For Men, Black Tobaccos, Nuevos Senderos, Deloren, Global Tabaco, TabesEspert, Bronway Technology y Centro Tabacalera. Hoy, conforman el 40% del mercado, de acuerdo con estimaciones privadas. Sarandí pasó de apenas dos puntos al 25% de las ventas.

Debía haber regido la excepción hasta mayo de 2021, cuando la Corte Suprema dejó sin efecto la cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El saldo a favor para la AFIP se calculó -de manera retroactiva- en $40.000 millones de ese entonces. Pero el Estado nunca ejecutó la orden a su favor. Tampoco exige que paguen el impuesto mínimo hoy, como deberían de acuerdo con el máximo tribunal, en parte porque las empresas consiguen otras cautelares en otros juzgados.

A lo largo de los años, distintos titulares del organismo de recaudación intentaron algunas medidas contra las tabacaleras. En noviembre de 2022, Carlos Castagneto inició una serie de solicitudes de información en las que las áreas especializadas “detectaron irregularidades en la comercialización del tabaco y productos derivados, como así también en la utilización de los instrumentos fiscales que desnaturalizan su existencia como herramientas de asistencia”.

“El monitoreo sobre los eslabones que componen la actividad comprende también la correcta liquidación del impuesto interno a los cigarrillos”, informaron en un comunicado oficial.

De acuerdo con el organismo, se pudo verificar la existencia de desvíos en el pago y declaración del impuesto interno a los cigarrillos para un grupo de empresas. “Estas inconsistencias podrían estar enmarcadas en maniobras fraudulentas relacionadas con la evasión en la comercialización de productos alcanzados, como al incumplimiento de la ley vigente en lo que respecta a la liquidación del gravamen”, agregaron, y puntualizaron que presumieron una deuda acumulada de $1000 millones ese año. Sin embargo, las cautelares continúan. En diciembre, la Justicia Federal otorgó una nueva medida por tres meses a Bronway.

Los conocedores del sector estiman que el Estado nacional, las provincias, Anses y el Fondo Especial de Tabaco van a dejar de recaudar, solo en 2023, más de US$770 millones que se les suman a los casi US$1700 millones que ya perdieron en el período 2016-2022.

Ante la consulta de LA NACION a la AFIP por este tema, mencionaron que estiman una pérdida en la recaudación de $1000 millones por la falta de cobro del impuesto, pero que el total de la evasión del sector podría acercarse a la cifra de US$770 millones que estiman los privados.

Es un tema delicado para las provincias tabacaleras que conforman el Fondo Especial del Tabaco: Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca. El FET se constituye con los impuestos en los cigarrillos (alrededor de $217 por paquete) y se reparte entre las siete jurisdicciones. Menos recaudación del impuesto mínimo significa menos tamaño a la torta de la que se distribuyen los fondos a los gobiernos locales y a los pequeños productores.

El 12 de septiembre del año pasado hubo una marcha al Congreso y a la AFIP para reclamar por la aplicación del fallo de la Corte, organizada por agricultores tabacaleros y algunos dirigentes. A los cinco días, la Unión Tabacalera Pymes Argentina (Untapya) le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación que tome medidas contra Héctor “Cacho” Bárbaro, un legislador oficialista y productor, por involucrarse en ese acto.

La nota fue firmada por Osvaldo Trillo, presidente de la entidad, y decía: “Bárbaro impulsa la movilización de agricultores tabacaleros de las provincias del NEA y NOA de nuestro país hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en contra del juez Enrique Lavié Pico, que en junio pasado [en 2022] declaró la inconstitucionalidad de tres artículos de la ley 27.430 y eximió del pago del impuesto mínimo obligatorio a la Tabacalera Sarandí”. Es una demostración de la pelea judicial y política entre unas y otras partes de la industria.