Una jueza ordenó sacar escombros, nivelar calles y tapar baches para que las personas con discapacidad puedan entrar y salir de un barrio
Fue a raíz de un reclamo de vecinos de Ciudad Oculta que usan sillas de ruedas y no pueden salir del barrio; el Gobierno porteño evalúa qué obras son necesarias; el fallo sienta un precedente para futuros pedidos en otros barrios populares
PARA LA NACION
El sol del mediodía agrieta todavía más las calles de tierra, repletas de pozos y desniveles, de la Villa 15, conocida popularmente como Ciudad Oculta, en Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires. Piedras, bolsas de escombros, nidos de cables al alcance de la mano, canales pluviales y cloacales y autos estacionados sobre veredas por las que apenas pasa una persona. Ese es el paisaje urbano por el que circulan los 19 mil vecinos del barrio.
Rosa Bracho Gómez es una de ellas. Tiene una discapacidad motriz de nacimiento y hace 39 años que vive sobre un pasaje en el que no hay rampas ni asfalto. Sólo tierra y pozos. Cuando llueve, el canal que la cruza se desborda. Con esas barreras físicas, Rosa no puede moverse de forma independiente en su silla de ruedas. Por eso, sus hermanos tienen que ayudarla a llegar a la parada del transporte que la busca para llevarla al centro de rehabilitación al que va cada mañana.
“Quiere salir sola, pero no puede. Hice varios reclamos en la Comuna 8 para que arreglen estas calles, pero nadie nos respondió”, dice César Bracho Gómez, hermano de Rosa. Por eso, en abril de 2023, con el patrocinio de Ramiro Dos Santos Freire, Defensor del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, presentó una acción de amparo contra el Gobierno porteño, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Dirección General de Gestión de Intervención Social. Reclama que se hagan las obras necesarias para garantizar que sus hermanas Rosa y Alicia, quien también tiene un problema de salud que limita su movilidad, puedan salir y entrar del barrio.
“Pedimos que hagan accesible una calle pública: Juan Symes, entre Hubiac y Echeandía”, explica Dos Santos Freire y sigue: “El Gobierno de la Ciudad es el responsable de la integración urbana de estos barrios, de que estas personas vivan en condiciones de igualdad a las de cualquier otro barrio porteño”. Dos Santos dirige la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, que depende del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de CABA y fue creada en 2022 para defender la legalidad y los intereses generales de los vecinos de los 49 barrios populares de la ciudad.
El amparo sumó más voces del barrio cuando el Gobierno de la Ciudad rechazó el reclamo. Finalmente, el 21 de diciembre de 2023, la jueza Romina Tesone, titular del Juzgado Contencioso Administrativo No1 de CABA, dictó una medida cautelar que intima al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un plazo de 10 días para que “presente un plan de ejecución de obras tendientes a asegurar las condiciones de accesibilidad que requiere el grupo actor y, en tal orden, eliminen las barreras arquitectónicas que impiden la libre movilidad con relación a las calles indicadas en el escrito de demanda”.
Los fundamentos del fallo se basan en el amplio marco legal que acompaña el reclamo, desde la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que adhiere, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de la Discriminación de las Personas con Discapacidad y uno de sus puntos principales subraya “reconocer el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad con opciones iguales a los demás”.
“Rompí tres sillas de ruedas en un año”
Jorge Coronel es vecino del barrio y se sumó al amparo como representante y fundador de la Asociación Civil Compromiso por la Igualdad. Nació allí hace 41 años y es fundador de la Asociación Civil Compromiso por la Igualdad. Hace 10 años, Jorge conoció lo que es transitar con una discapacidad por las calles del barrio: por una enfermedad, tuvieron que amputarle ambas piernas.
“Los pasillos son angostos, las tapas de las cloacas rompen las ruedas y tuve que cambiar la silla hasta tres veces en un año”, explica Coronel, bajo la luz natural que se refracta en las paredes de colores del comedor comunitario que fundó. De espíritu emprendedor y con fuerte liderazgo, Jorge tuvo que superar la depresión que le provocó la enfermedad y la discapacidad.
En su fallo, la jueza Tesone hace mención al artículo 42 de la Constitución porteña, donde la Ciudad debe garantizar “a las personas con discapacidad el derecho a su plena integración y a la equiparación de oportunidades. “Lo exigimos porque son derechos”, explica el defensor Dos Santos Freire y agrega: “La gente no puede esperar. Hay cosas que son inmediatas y una persona con discapacidad que no puede salir de su casa necesita que se lo resuelvan”,
Jorge estudió una diplomatura en Cuidados Integrales en la Universidad Nacional de La Matanza y para la cursada se le ocurrió hacer un censo de discapacidades en el barrio. Gracias a ese relevamiento, supieron que en el barrio viven al menos 300 personas con discapacidad. Además, se dieron cuenta de que la mayoría estaba desinformada, suponía que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) sólo servía para viajar gratis en colectivo y no accedía a derechos básicos.
“Notamos también que las mujeres son las que más se hacen cargo de los familiares con discapacidad”, agrega y añade que “a partir de este trabajo, armamos una consejería para ayudar a los vecinos a gestionar sus pensiones, sus certificados y hacer los reclamos correspondientes”. Mientras recorre, con dificultad, las calles del barrio mostrando los obstáculos que tiene que superar día a día, toda la gente lo saluda, se detiene a consultarle cosas y lo tratan con familiaridad.
“Cuando llueve, tiene que faltar al colegio”
Hasta él fue Yamina Barrios, de 38 años, mamá de Jonás, de 11 años, que tiene un retraso madurativo que hoy ya le limita movilizarse solo y debe hacerlo en silla de ruedas. “Para llevarlo a la escuela, tengo que caminar varias cuadras porque el transporte no ingresa a donde yo vivo”, explica y agrega que debe hacer maniobras físicas que cada vez se le hacen más difíciles debido a que Jonás crece, la iguala en tamaño y no puede levantarlo.
Cada día, para que Jonás vaya a la escuela, Yamina lleva a su hijo a 100 metros de su casa, donde recién hay una calle transitable, lo deja apoyado sobre un muro, vuelve a su casa a buscar la silla de ruedas y la carga hasta donde él quedó para luego ir a la parada del transporte escolar en Avenida Perón y Lisandro de la Torre. Para ello, tiene que caminar 500 metros de calles intransitables o hacer el doble de distancia por una calle asfaltada.
“Cuando llueve, no va al colegio”, añade Yamina, que vive junto a Jonás y a Chloé, su beba de un año, en un pasaje angosto, en el que además hay desniveles abruptos, piedras, pozos, rejillas, canales pluviales y bolsas de escombros o materiales de construcción a los costados de la calle. “Le pedí a los vecinos que las saquen y que no dejen sus autos en las veredas, pero no hacen nada porque no hay ninguna penalización”, dice Yamina con resignación.
“Si bien es un caso que involucra a estas personas en particular, sirve para poner sobre la mesa este tema que merece un debate mayor porque en todos los barrios populares hay muchas personas con problemas de discapacidad”, dice Dos Santos Freire y hace una referencia a que este fallo genera una jurisprudencia importante para otras villas y asentamientos: “La idea es que esto genere antecedentes para que se vea la problemática y se puedan pensar políticas públicas más integrales sobre la accesibilidad en los barrios populares”.
Consultado por este diario, fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, respondieron que “en las últimas horas fuimos notificados de la decisión de la justicia al GCBA y desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat estamos armando el proyecto de la obra y el presupuesto para cumplir con la cautelar que está en curso”.
Jorge Coronel celebró la noticia. “Me puse muy contento cuando tuvimos una respuesta. La jueza actuó rápido y se comprometió. Que se pueda hacer la calle en el barrio es muy importante para nosotros”, explica con una sonrisa, sentado en su silla de ruedas, frente al espacio vacío donde, hasta hace unos meses, él y otros vecinos se encargaban de la olla popular.
Junto a él, están el defensor Ramiro Dos Santos Freire, César Bracho y otros vecinos. “No estamos buscando privilegios, estamos queriendo ejercer un derecho: caminar por calles accesibles. Para ir a la escuela de mi hijo, tengo que tomar calles adicionales porque no puedo transitar por Juan Symes. En el barrio hay pasajes, pasillos, pero estas calles son de la ciudad y se tiene que hacer cargo”, concluye Jorge Coronel.
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