No la inscribieron al nacer y recién a los 28 años le dieron el DNI: “Cuando nació mi hija tuve que presentar 10 testigos para irnos a casa”

Roxana Acuña tuvo que hacer juicio para que el Estado reconociera que era quien decía ser; como ella, unas 700 mil personas no tienen DNI en la Argentina; la mayoría vive en contextos muy vulnerables

Lorena Oliva

LA NACION

Cuando Roxana Graciela Acuña tuvo su primer DNI, ya había cumplido 28 años. Lo primero que hizo fue llorar de emoción. Lo segundo, rectificar las partidas de nacimiento de Alma y Tian, sus hijos de 8 y 6 años, para figurar en ellas sin necesidad de aclaraciones. Lo tercero, puso la boleta de luz a su nombre. “Para otros, seguro que es una pavada, pero para mí significó un montón”, dice.

La sucesión de maltratos y vulneraciones que Roxana padeció a lo largo de su vida por no haber sido registrada por su madre cuando nació son incontables. “No pude avanzar con mis estudios. Y en los trabajos me pagaban lo que querían porque sabían que yo no iba a tener manera de reclamarles nada”, enumera. La burocracia estatal también le pasó factura: por ejemplo, cuando nació su hija mayor en un hospital del Conurbano, debió presentar 10 testigos para poder irse, una vez dada de alta, con la beba. “¿Te gustó el sexo? Bueno, antes hubieras pensado en hacer el DNI”, la juzgó con violencia el personal del lugar.

Lo que esas personas no sabían es que Roxana estaba tramitando su inscripción desde hacía tres años. “Me mandaban de un lado al otro. En un momento, cuando ya tenía 18, me acerqué a una fiscalía y se inició un juicio por este tema. Contraté a una gestora para que lo siguiera, pero lo único que hizo fue sacarme plata, porque la causa no se movió”, recuerda.

700 mil personas sin DNI

Tener un DNI es esencial para prácticamente todos los trámites de la vida cotidiana: registrar una SUBE, casarse, figurar en la partida de nacimiento de un hijo, votar, tener una cuenta en un banco, salir del país. La lista es intermibable. Sin embargo, en nuestro país hay cientos de miles de personas que son NN para el Estado porque no fueron registradas al momento de nacer, un paso previo necesario para acceder a un documento nacional de identidad. No hay cifras oficiales del fenómeno, pero fuentes especializadas en el tema estiman que la cifra ronda entre un 1% y un 2% de la población, lo que se condice con la cifra que manejaría el Gobierno de alrededor de 700.000 personas, según pudo saber LA NACION de manera extraoficial.

La legislación que regula este tema (ley 26.413 y decreto 185/2019) establece que cuando la persona no registrada al nacer es mayor de 18 años, debe recurrir a la vía legal para que un juez ordene su inscripción luego de aportar pruebas que acrediten que es quien dice ser. Especialistas consultados estiman que son miles de personas las que actualmente se encuentran en esa situación.

“En los hechos, hay muchos trámites de este tipo que se están iniciando directamente en los registros civiles, sin necesidad de un juicio. Pero cuando la persona no puede demostrar en dónde nació, porque tal vez fue un parto domiciliario, o no está en condiciones de probar quiénes fueron sus padres porque fallecieron, se recurre a la vía judicial”, explica Alejandra Martínez, directora ejecutiva de la Fundación Microjusticia Argentina que trabaja por el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.

La duración de un juicio de este tipo es variable. En el mejor de los casos puede demorar dos años, pero hay expedientes que pueden tardar ocho años en resolverse, tal vez porque en primera instancia el juez decidió no inscribir a la persona y hubo que apelar, o porque el magistrado pide pruebas que son imposibles de conseguir para demostrar quién es uno y de dónde viene.

Martínez pone como ejemplo un caso judicial de Mar del Plata. Como el juez de Primera Instancia consideró que no había pruebas suficientes que demostraran que la persona que pedía la inscripción era hija de sus padres, denegó el registro. La Cámara de Apelaciones revirtió ese fallo ordenando que el Registro Civil la inscribiera, aunque sin filiación materna ni paterna.

“Cuando un trámite llega a la Justicia, es el juez el que debe ordenar la inscripción. Si las pruebas no son contundentes, hay magistrados que se ponen reticentes. Pero la no inscripción nunca debería ser la respuesta de la Justicia”, reconoce Martínez y enumera cuáles son las causas más frecuentes para la falta de registro: los partos domiciliarios, que los padres sean migrantes y se encuentren de manera irregular, o que la madre sea menor de edad.

Pero más allá de la razón, hablamos de una problemática fuertemente marcada por la vulnerabilidad socioeconómica. De hecho, un trabajo hecho por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp) demuestra que los niños, niñas y adolescentes que viven en villas o asentamientos tienen mayor probabilidad de no tener DNI que los que viven en áreas de urbanización formal media. Según este estudio, a medida que empeoran las condiciones del espacio socio residencial, se incrementa la propensión a la vulneración del derecho a la identidad.

Cuando una persona mayor de 18 años pide su inscripción, la Justicia va a exigirle que acredite ser quien dice ser de diferentes maneras. Con datos biométricos (una ficha dental y un certificado médico que corrobore, por ejemplo, que alguien que dice ser mujer y tener 32 años, sea mujer y físicamente se corresponda con alguien de esa edad), con certificados que demuestren no haberse inscripto antes ni haber tenido DNI, ni tener antecedentes penales; y también con testigos que acrediten que esa persona es hija de quien dice ser o que nació en determinado lugar.

En los más de 15 años que la asociación que preside (el Iadepp viene trabajando sobre la temática de personas indocumentadas, Federico Cassani reconoce que han habido grandes avances con la creación de dispositivos que facilitaron las inscripciones tardías. “Pero a veces falta estandarizar los procesos para facilitar el trabajo. Por ejemplo, la gestión de los datos biométricos es descentralizada. Recolectar todos esos datos en diferentes organismos ralentiza el proceso y puede hacer que una persona se desaliente”, reconoce el especialista.

“Mi abuela destruyó el acta de nacimiento”

Algo de esto fue lo que le pasó a Roxana, en su peregrinar durante once años hasta que tuvo su DNI. “Pedías un turno médico y te daban tal vez para dentro de siete meses y cuando llevabas el certificado, te decían que no servía”, recuerda la mujer, que actualmente vive con sus hijos en Virrey del Pino, en la zona sur del Conurbano.

La de Roxana no fue una historia fácil. “Yo nací en una clínica de González Catán, en La Matanza. Como mi mamá había quedado embarazada siendo adolescente, escondió el embarazo. Cuando nací, era tal el enojo de mi abuela, que destruyó el acta de nacimiento que le habían dado a mi mamá en la clínica”, recuerda.

Crecer sin DNI tuvo diferentes connotaciones con el paso de los años. De niña, era recibir el boletín de calificaciones de la escuela, y ver que, en donde tenía que figurar su nombre, dijera: “Sin DNI. Dice llamarse Roxana Acuña”. “Como no tenés DNI, es como que no existís”, recuerda que le dijeron alguna vez. “Es tanto el maltrato que recibís, que lo vas naturalizando y medio que terminás creyendo que eso es lo que te corresponde”, dice con tristeza.

Diez años después de rebotar entre organismos, y con la impotencia de ver que la causa judicial no avanzaba, a mediados de 2021 se acercó al área de Identidad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Allí la asistieron con la gestión del certificado de sexo y edad presunta y con la toma de testimonios que acreditaban que era hija de su mamá.

Con todo ese material reunido, inició un expediente ante el Registro Provincial de las Personas para acceder a su partida de nacimiento, un instrumento previo fundamental para poder tramitar el DNI ante el Registro Nacional de las Personas. “Este es un trabajo que venimos realizando junto a diferentes organismos del estado provincial. Se trata de una reparación histórica, de personas que durante muchos años vivieron sin DNI, sin poder ejercer sus derechos”, dijo al respecto Guido Lorenzino, titular de la Defensoría, que desde 2021 tramitó 368 legajos por este tema. Sólo en lo que va del año, ingresaron 40 solicitudes de inscripción tardía.

Ahora que vivir sin documento es una etapa que quedó atrás, Roxana mira el futuro con optimismo. Mientras reparte su tiempo entre la crianza de sus hijos y su trabajo en la atención de un merendero y como empleada doméstica, sueña con terminar el secundario, que cursó casi hasta el final, mientras, en paralelo, trabajaba en una fábrica en la que había ingresado a los 13 años.

“Me gustaba ir a la escuela. Era el único lugar en el que me sentía como lo que era, una adolescente”, recuerda con la resignación de quien sabe que el tiempo no vuelve atrás. Sin embargo, siente que con ese DNI que atesora con orgullo, la vida le está dando una revancha: “Ahora sí voy a poder ejercer mis derechos”.

Más información:

• Para realizar una consulta o reclamo vinculado al derecho a tu identidad en la provincia de Buenos Aires, podés comunicarte con la Defensoría todos los días las 24 horas, a través del WhatsApp +54 9 221 358-1323; de la línea gratuita 0800-222-5262; por redes sociales: @defensoriaPBA; y también por la página web www.defensorba.org.ar.
• Para contactar a la Fundación Microjusticia Argentina por algún tema relacionado con el derecho a la identidad o sobre patrocinio jurídico gratuito podés hacerlo por WhatsApp al 11 5122-4545 o escribir a consultas@microjusticiaargentina.org

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