El Gobierno porteño reconoció ante la Justicia que hay 12.000 niños que no van al jardín

Hace un año, cuando Melina Ferraro quiso inscribir a Lucca, su hijo de 12 meses, a un jardín maternal de gestión estatal, quedó en lista de espera. Era su primer hijo y no esperaba que el sistema la rebotara. Necesitaba urgente volver a trabajar y no tenía quién cuidara al niño. Desesperada, trató de averiguar entre conocidos si había cometido algún error en el proceso de carga de los datos en el sistema online de inscripción. Pero entonces descubrió que el problema era otro: en todo Caballito, el barrio en el que vivía y en el que quería inscribir a su hijo, había apenas dos jardines maternales públicos.

“Caballito es un barrio enorme, lleno de jardines privados. Pero yo no estoy en condiciones de pagar. Con mi pareja vivimos al día, dependemos de nuestros trabajos para subsistir”, explica esta mujer de 33 años, que se dedica a la artesanía y tiene un emprendimiento de venta de budines mientras su pareja hace entregas para Rappi.

Entonces alguien le habló de los Centros de Primera Infancia (CPI), unos espacios estatales de cuidado que se volvieron la opción más frecuentada por las familias que, como la suya, quedan afuera de la escuela estatal y no pueden solventar la cuota de una privada.

Romina terminó inscribiendo a Lucca en un CPI de Parque Chacabuco. A la semana ya se lo habían tomado y ella pudo empezar a trabajar. “Está bueno el lugar. Además me dan bolsas con mercadería, a veces verduras y hasta la leche. Eso nos ayuda un montón. Sé que mi hijo está rebien cuidado. Pero también sé que las docentes, como las llamamos, no son docentes”, reconoce Romina.

Es sabido que la educación inicial temprana tiene múltiples beneficios en la infancia. Aporta, por ejemplo, una mayor autonomía y desarrollo psicomotor y de vocabulario. Tal vez, por eso, en el artículo 24 de la Constitución porteña, sancionada en 1996, se expresa que la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de edad.

Sin embargo, el Gobierno porteño reconoció recientemente ante la Justicia que, como Lucca, hay casi 12.500 niñas y niños que están por fuera del sistema educativo. Fue en el marco de una causa judicial iniciada contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 17 años por falta de vacantes en jardines de infantes.

En esa causa es en donde en septiembre último, el Poder Ejecutivo porteño informó que hay 1427 niños y niñas en lista de espera para salas de bebés y de 1 año en jardines de infantes de gestión pública. Mientras que otros 11.002 asisten a Centros de Primera Infancia, espacios de cuidado que están fuera del sistema educativo y cumplen una función similar a la de una guardería.

Los CPI dependen de la Dirección General de Desarrollo de Infancias y Adolescencias, que está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Ese ministerio también gestiona los Centros de Desarrollo Infantil (CeDI). En total son 97 centros que trabajan con niños y niñas de entre 45 días y 3 años, con una diferencia entre sí: mientras los CeDI son manejados íntegramente por personal del ministerio, los CPI son cogestionados junto a una ONG. Ante una consulta de LA NACION, desde ese ministerio informaron que actualmente son unos 1300 los chicos y chicas que asisten a los CeDI, en tanto que los CPI reciben a otros 11.003, totalizando, entre ambos, una matrícula de 12.303 niños y niñas.

En estos espacios, que funcionan de 8 a 16 entre febrero y diciembre, los chicos y chicas reciben desayuno, almuerzo y merienda. Si bien se trabaja la estimulación temprana y la adquisición de hábitos, el eje está puesto en la alimentación y la salud. Es decir, no tienen una currícula pedagógica ya que no forman parte de lo que en educación se conoce como el nivel inicial.

“La propuesta es de naturaleza social, con un abordaje diferente al de (el ministerio de) Educación”, explicaron fuentes del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Gabriel Mraida, y reconocieron que “el Ministerio de Educación tiene jardines de infantes en los que la sala de 3 años es la matrícula más insatisfecha, que es la gran demanda social que existe actualmente”.

En la mayoría de los CPI, la inscripción es presencial, a diferencia de lo que ocurre en el sistema educativo, que se hace online. “La familia se acerca al establecimiento para solicitar una vacante y un equipo técnico interdisciplinario le realiza una entrevista inicial para determinar si existe algún tipo de vulnerabilidad social. En esos casos, a esos niños y niñas se les da prioridad de ingreso”, explicaron las mismas fuentes.

Para el asesor tutelar de la Ciudad, Gustavo Moreno, que haya miles de chicos sin educación inicial formal es discriminatorio. “Los CPI fueron pensados para población vulnerable. Pero, justamente, son estos niños y niñas los que más necesitan de los beneficios de la educación inicial temprana. Hay que abrir escuelas, no guarderías”, se queja el funcionario, que intervino en una causa judicial iniciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en 2006 contra el gobierno porteño por la demanda insatisfecha de vacantes en la educación inicial. La asesoría es parte del Ministerio Público Tutelar, que tiene entre sus misiones el respeto y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La causa llegó hasta el Tribunal Superior de la Ciudad y en 2011 el Ejecutivo porteño se comprometió a construir jardines e informar los avances en materia de ampliación de vacantes de manera periódica. “En aquel momento se aceptó que los niños y niñas sin vacantes asistieran a los CPI como una medida provisoria. Pero 12 años más tarde, tenemos a más de 11 mil niños y niñas asistiendo a estos centros. Lo que no está claro es por qué las familias los eligen: si lo hacen libremente o porque quedaron en lista de espera, o porque el jardín asignado no se adecua a las necesidades de la familia. Pero el gobierno porteño no informa nada al respecto”, explica Bárbara Zanino, integrante del Programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.

LA NACION se comunicó con el Ministerio de Educación porteño y le hizo llegar un cuestionario. Como única respuesta, envió un breve comunicado. Informa que, en 2020, el Tribunal Superior reafirmó que la edad de educación obligatoria es a partir de los 4 años y que el Gobierno porteño garantiza en un 100% esa matrícula.

“Este año se alcanzó la cobertura del 100% de las vacantes de sala de dos y de tres años. De hecho, hoy hay 13.863 vacantes disponibles en el nivel inicial”, informaron desde el organismo. Sin embargo, no dan precisiones respecto a cuál es la cobertura para niños, niñas y bebés de menos de dos años.

“La pregunta es si tienen más de 13.000 sillas vacías, por qué no adaptan los espacios para darles lugar a los más de 1400 niños y niñas que, según ellos mismos informan ante la Justicia, están en lista de espera”, opina Zanino, de ACIJ, quien remarcó que sería importante conocer las razones por las que las que las familias eligen inscribir en los CPI. “Pero el gobierno porteño no produce este tipo de información cualitativa”, lamentó.

“Son muchísimas las familias que optan por inscribir a sus hijos en los CPI porque se quedaron en lista de espera para un jardín”, asegura Patricia Pines, fundadora del grupo “Vacantes para todos en las escuelas públicas”, con más de 25.000 seguidores en redes sociales. En Facebook, por ejemplo, son muchos los posteos de madres que consultan por jardines maternales tras haberse quedado en lista de espera por una vacante y la misma comunidad les sugiere inscribir a su hijo o hija en un CPI.

“Cuando una mamá se quedó sin vacante y te dice, por ejemplo, que trabaja en una fábrica textil de la avenida Avellaneda y que necesita encontrar un espacio para su hijito porque, de lo contrario, lo tiene que tener en una cajita debajo de su máquina de coser, obvio que el CPI se convierte en una opción”, agrega Pines, quien rápidamente aclara que no cuestiona las buenas intenciones de los CPI, aunque considera que es necesario reconvertirlos como instituciones educativas.

“No creemos que las infancias hoy estén mal cuidadas pero, de esta manera, hay diferenciación entre las trayectorias de las infancias que van al jardín de infantes y las que van a los CPI. Queremos que sigan existiendo, pero bajo la órbita del Ministerio de Educación y sin pérdida de puestos de trabajo. Que les permitan estudiar y recibirse a quienes hoy están con los niños y niñas”, puntualiza

Ahora que empezó octubre, Melina, la mamá de Lucca, va a volver a inscribir a su hijo para ver si le sale una vacante para el año que viene, para sala de 2. “Con el CPI resolví mi urgencia, pero pateé el problema de la vacante para más adelante. Sé que, en unos años, Lucca va a tener que ir a una escuela formal sí o sí. Ojalá le pueda conseguir vacante antes que eso, para que no haya diferencia entre él y el resto de los chicos”, concluye.

Más información:

• El trámite de inscripción para un jardín de infantes de gestión estatal es online. Si necesitás conocer más sobre este trámite, hacé click acá. Si por algún motivo necesitás hacer la inscripción en forma presencial, en este link tenés los puntos presenciales que la realizan con turno previo
• Los Centros de Primera Infancia son espacios de cuidado que funcionan de lunes a viernes de 8 a 16, entre febrero y diciembre. Para más información sobre estos espacios, comunicate a mail cpi@buenosaires.gob.ar o al teléfono: 5030-9740, internos 1038 y 1039, de lunes a viernes de 9 a 16 hs.