Surgen diferencias en la UCR respecto al megadecreto de Javier Milei
Los bloques radicales en el Senado y Diputados buscarán imponer el criterio de revisión “por temas o capítulos” en la comisión Bicameral que discutirá el DNU 70/2023
La Unión Cívica Radical (UCR) en el Congreso se enfrenta con el desafío de mantener la cohesión frente a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Mientras que un sector aspira a consolidar su rol de “oposición responsable”, otro más crítico se perfila intransigente a las medidas que impulsa Javier Milei. Si bien esta diferencia de criterios fue notoria durante el tratamiento del proyecto de ley ómnibus en Diputados, los bloques de la UCR en ambas Cámaras trabajan para limar estas divergencias y buscan tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 “por temas o capítulos” para evitar el “a todo o nada” que podría exponer su grieta partidaria.
“Se viene la guerra santa interna”, vaticinó un diputado radical para hacer referencia al debate sobre qué postura tomar frente al DNU que firmó el Presidente pocos días después de asumir. Es que en la UCR conviven dos facciones que pugnan por imponerse. Un sector refractario a las iniciativas del Ejecutivo, referenciado en el diputado Facundo Manes; y otro que se siente cómodo con el apoyo al gobierno libertario y desprecia cualquier sintonía con el kirchnerismo, vinculado a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes) y el jefe del bloque en la Cámara baja, Rodrigo de Loredo.
La primera discusión sobre cómo plantarse frente al DNU se dio ayer durante la reunión del bloque radical de Diputados. En la cumbre que se realizó a las 15 por zoom se definió que se plantee la posibilidad de desglosar la norma por temas o capítulos para evitar con ello su rechazo o aceptación en bloque, tal como estipula la ley que regula su trámite en el Congreso. De los 34 legisladores que conforman la bancada, alrededor de 12 podrían bajarle el pulgar, situación que acentuaría las divisiones internas.
El argumento que utiliza un sector del radicalismo para justificar la discusión del decreto por temas apunta a considerar que dentro del DNU se incluyen diferentes “normas”, por lo que su discusión por separado estaría contemplada en la ley que regula su procedimiento. Este razonamiento fue planteado por el diputado formoseño Fernando Carbajal en una nota publicada en este medio. A pesar de que este abordaje podría suavizar las divisiones de la UCR, otros espacios anticiparon que no están de acuerdo y forzarán el tratamiento “a todo o nada”.
En la Cámara alta, en tanto, el senador y conductor del partido, Martín Lousteau, es uno de los más críticos del bloque, y manifestó su rechazo al decreto por “inconstitucional”. Previamente, exigió a través de una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que designe “con urgencia y sin más demoras” a los integrantes de la comisión bicameral de DNU. Esta situación desencadenó un picante ida y vuelta entre los legisladores a través de X.
Es que a pesar de que el Senado presentó sus ocho integrantes, Diputados no lo hizo y la oposición apunta a Menem como el responsable de dilatar su tratamiento. Por esta razón es que el kirchnerismo en el Senado busca forzar una sesión especial en la Cámara alta para rechazar el decreto. El procedimiento dicta que después de diez días hábiles de presentado el DNU en el Congreso la comisión bicameral correspondiente deberá emitir dictamen. Pasados otros diez días, las Cámaras podrán abocarse a su tratamiento “expreso e inmediato”. Esta es la etapa en la que el megadecreto se encuentra.
Si bien en Diputados las posiciones políticas están más definidas, en el bloque de senadores radicales esto no está tan claro. No obstante, Víctor Zimmerman, quien representará a la UCR en la comisión bicameral, señaló que es “esencial” que se pueda discutir el DNU por títulos y no como un todo indivisible.
El megadecreto firmado a fines de diciembre pasado por el Presidente aborda una infinidad de temas muy diversos entre los que se incluye la desregulación de la economía, la derogación de múltiples leyes y normativas, cambios en materia laboral y la posibilidad de avanzar en la privatización de empresas públicas. No obstante, a fines de enero fue objetado por la CGT el capítulo laboral y quedó suspendido a raíz de un fallo judicial de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Uno de los temas más espinosos tiene que ver con el capítulo de reformas laborales que fue frenado por la Justicia y generó numerosas fricciones con el sector sindical. Entre otras medidas, la norma establece la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido, cambios en el sistema de indemnizaciones y una desregulación de las obras sociales.
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