Advierten sobre el peligro de la actual política porteña para abordar a las personas en situación de calle

Varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de calle advirtieron en las últimas horas lo “peligroso y preocupante” que les resulta la política de “Orden y Limpieza” que el gobierno porteño lleva adelante hace dos semanas. Con el argumento de “reducir la criminalidad”, cuadrillas porteñas desalojan a personas que duermen en veredas, plazas, debajo de puentes o al resguardo de algún edificio para exigirles que vayan a alguno de los centros de inclusión de la Ciudad.

Consultadas por LA NACION, ONG como Amigos en el Camino, Multipolar, Proyecto 7 y Lumen Cor señalan que con esa política, ejecutadas desde los ministerios de Seguridad, Espacio Púbico y Desarrollo Humano, no se ayuda a los vecinos, ya que “los atemorizan” al crear, en referencias a las personas en situación de calle, “un enemigo social imaginario”. Además, advierten que con esta medida esas personas sin techo se ven “estigmatizadas” y “criminalizadas”.

Si bien admiten que algunas personas pueden ser violentas, en su mayoría son “personas con problemas de salud, patologías mentales y adicciones” que “no eligen estar en la calle por vagos” y que “la política correcta es ayudarlos, no correrlos como si fueran criminales o basura”.

Estas reflexiones surgen luego de que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, promocionara hace dos semanas el “Operativo especial de Orden y Limpieza” con fotos del “antes y el después” de desalojos de personas en situación de calle en bancos de plaza o rincones de aceras en diferentes barrios de la ciudad.

Si bien más tarde, tras cuestionamientos de diferentes actores políticos y especialistas en el tema, se disculpó por la manera de comunicar la medida, este fin de semana el operativo fue justificado por el ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff y por el secretario de esa cartera, Diego Kravetz.

Centros de inclusión y desalojos

“Ninguna acción represiva resuelve una problemática social. Menos ufanándose de reprimir una situación de tanta vulnerabilidad. Quien debe ocuparse de esta problemática es el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, no el Ministerio de Seguridad, cuya intervención desdibuja toda la estructura que existe para asistir a las personas en calle”, explica a LA NACION Horacio Ávila, quien fundó Proyecto 7 hace 22 años y actualmente coordina cuatro centros de inclusión con la Ciudad y da talleres de oficios para la reinserción laboral.

Las políticas para abordar esta problemática son instrumentadas por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de Gabriel Mraida, y se canalizan a través del programa Buenos Aires Presente (BAP), que se activa cuando se llama a la línea 108 y un equipo interdisciplinario asiste a la persona en situación de calle. Además, esta cartera dispone de una red de 45 centros de inclusión donde se les da un lugar para dormir, darse una ducha y en donde trabajadores sociales acompañan a cada persona en sus necesidades.

Sin embargo, según una encuesta realizada por el Conicet en 2021, cerca del 83% de las personas en situación de calle no confía en los centros de inclusión. Muchos respondieron que no concurren porque vivieron situaciones de violencia, robos, y los comparan con una “cárcel” en su autopercepción.

“¿Con qué liviandad se le saca el colchón a una persona si no va dormir a un parador? Les sacan sus cosas y para alguien que no tienen ni un techo, es más que violento ¿Y a dónde los quieren mandar? No son basura”, afirma a LA NACION sobre la nueva política porteña Mónica De Russis, de “Amigos en el camino”, una organización que asiste con comida a más de mil personas en situación de calle.

En ese mismo sentido, Malena Fama, que dirige Fundación Multipolar, una organización que acompaña a personas en situación de calle para aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo, apunta: “Aún no escuché a ninguna otra ciudad diciendo: ´Acá recibiremos a los que echen de la Ciudad de Buenos Aires´”. Y luego, señala: “Yo no puedo decir que no hay políticas para asistir a estas personas, pero esta política de expulsión no puede tener futuro. Da por tierra el trabajo que hacemos todos los días las organizaciones sociales y los mismos profesionales que se encuentran en los centros de inclusión de la Ciudad. Debe haber políticas articuladas con las organizaciones que ya estamos trabajando en territorio y de manera voluntaria”.

En junio de 2023, el gobierno porteño publicó un relevamiento en el cual se registró que en CABA hay 3511 personas en situación de calle. Esa cifra representó un aumento del 34% con respecto a 2022. Mientras que el relevamiento de este año aún no fue difundido, pero las organizaciones estiman que se volverá a registrar un aumento de esta población.

Según una informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y a pesar del aumento registrado el año pasado de personas en situación de calle, el presupuesto 2024 destinado a programas de abordaje de esta problemática es menor al del año pasado. “Con las proyecciones actuales, el conjunto de las políticas de emergencia se vería reducido en un 44% en términos reales”, advierte ACIJ.

“Lo que estamos viendo es que no hay vacantes en muchos de los centros de inclusión e incluso en los hoteles que son arancelados. Es que se ven desbordados por familias y personas que quizás tiene un trabajo pero no pueden alquilar por la nueva ley y se quedan en la calle. Entonces, ¿en dónde los quieren meter a todos?”, se pregunta De Russis y convalida Ávila, quien afirma que muchas veces los CIS están llenos.

La Ciudad da subsidios habitacionales, pero de acuerdo con datos de la Clínica Jurídica del CELS, esta ayuda monetaria solo cubre un tercio del costo de alquiler de habitaciones en hoteles y pensión. Dato que convalida De Russis, al explicar lo que enfrentan familias o personas solas en situación de calle.

Desde ACIJ, se indica que “en ningún caso los programas vigentes prevén soluciones habitacionales definitivas o de largo plazo y aquellos que alguna vez existieron [como la Ley 341 y la Ley 624] hace años se encuentran discontinuados o desfinanciados”.

La creación de un enemigo social

Tanto el ministro de Seguridad, Waldo Wolf, como Kravetz justificaron esta nueva política de gobierno al decir que muchas de las personas a las que se les sacaron los colchones y pertenencias para que no estén en la calle de noche tienen antecedentes y que por eso evitan ir a alojarse en esos paradores.

“Estamos con una política activa de no dejar las ranchadas en la Ciudad y requisar a las personas de la calle para sacar las armas de la calle y reducir la criminalidad: destornilladores, facas, cuchillos”, aseguró Kravetz el sábado.

La respuesta de las organizaciones a esta referencia tampoco se hizo esperar. “Están creando un enemigo social imaginario. Dicen que son todos drogadictos, peligrosos y delincuentes. Eso es riesgoso para la población en calle, no para el resto de la población. El año pasado hubo gente en situación de calle a la que prendieron fuego. Y no hay que olvidarse en la calle duermen mujeres, hombres, abuelos, abuelas, familias enteras, personas con padecimientos mentales y problemas de adicciones”, explica a LA NACION Ávila.

Sobre este tema, un informe de la Facultad de Piscología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indica que cada cuatro días en el país ocurre un ataque contra una persona en situación de calle y advierte que estas situaciones van en aumento. El Registro Unificado de Violencias, documentó que entre agosto de 2022 y agosto de 2023 hubo 102 ataques perpetrados por ciudadanos, funcionarios y fuerzas de seguridad a personas en situación de calle, lo que representó un aumento del 73% en relación al informe del año pasado, Aunque son los menos, incluyen ataques por parte de personas en situación de calle a sus pares.

“Desde el año pasado, desde el equipo de investigación de la UBA venimos registrando estos desplazamientos forzados y violentos. Estos discursos de odio y estigmatizantes crean distancias cada más fuertes entre los vecinos y esas personas. La violencia siempre tiene consecuencias negativas”, destaca Milena Sapey, investigadora del proyecto “Sociabilidades por los márgenes”, de la Facultad de Psicología.

Dese el informe de la UBA, indican que 85 de los hechos de violencia registrados fueron de violencia social, es decir ataques físicos en el espacio público entre ciudadanos “producto de los procesos de estigmatización y rechazo social” y 17 de violencia institucional, como tipifican los ataques físicos o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad u otros funcionarios públicos. Las jurisdicciones con mayor cantidad de hechos de violencia fueron la ciudad de Buenos Aires con 58 casos, la provincia de Buenos Aires con 45, Santa Fe con 28 y Salta con 13.

“No romantizamos nada. Todos sabemos que la calle no es un lugar donde vivir. No negamos que haya delincuentes, hay en todos lados y muchos más bajo techo. Y nadie decide quedarse por qué sí en la calle”, dice De Russis, que al igual que Malena Famá, destaca el deber que tiene que tener el Estado en asistir y resolver esta problemática.

Por su parte, Jorge Vega, fundador de Lumen Cor, una iniciativa que hace 10 años ayuda de manera interdisciplinaria a las personas en situación de calle y surgió en el seno de diferentes parroquias porteñas, señala: “Nosotros ayudamos a cientos de personas a salir de la calle. Es posible”. Luego, explica: “Es que las personas que están en esta situación no son delincuentes, en su mayoría tienen problemas de salud mental, problemas de adicciones o algún tipo de incapacidad para integrarse a la sociedad. Deberían ser ayudados para que puedan integrarse. Tratarlos como delincuentes solo genera un rechazo muy profundo por parte de la sociedad, mayor marginación, mayor estigmatización. A un enfermo lo ayudás, no lo corrés”.

Cómo colaborar

• Cuál es la mejor forma de ayudar a quienes están en situación de calle. La Nación armó una guía con 50 maneras de solidarizarse con las personas que duermen a la intemperie. Podés entrar haciendo click aquí.